La oportunidad internacional del derecho español

La oportunidad internacional del derecho español

miércoles, 26 de junio de 2019

Es un hecho que la ley y jurisdicción anglosajonas son hoy las más comúnmente aplicadas en la abogacía de negocios internacional. No sólo el inglés es el idioma vehicular de los negocios, sino que la forma anglosajona de hacer abogacía ha extendido sus parámetros y sus estándares a buena parte del mundo occidental. No en vano, el mercado legal inglés mueve más de 35.000 millones de libras al año (y esto no es ni el 25% del mercado americano).

Los operadores jurídicos y agentes intervinientes en las grandes transacciones internacionales argumentan -unos de manera más educada (entiéndase en la acepción más anglosajona de esta palabra) y otros apresados en cierta inercia- las bondades del common law frente a los derechos de corte continental: flexibilidad para adaptarse a los nuevos escenarios y a los nuevos modelos de negocio frente a la mayor rigidez de los ordenamientos encorsetados en códigos centenarios, la mayor certeza y predictibilidad en base a la fuerza del precedente, el respeto a la libertad de contratación, el menor impacto de elementos más presentes en otros sistemas jurídicos como la buena fe y el orden público. En definitiva, se sostiene, es un derecho más creditor friendly, orientado al negocio.

No parecen los anteriores argumentos suficientemente sólidos ni contrastados. Hay ordenamientos continentales, como Francia, que han hecho un enorme esfuerzo de sintetización y aggiornamento de su derecho de contratos, sin que ello se haya hecho notar en la praxis de la ley aplicable. Al derecho español no le falta ninguna institución necesaria para la praxis jurídica de los negocios, y muchas de las que se importan de Reino Unido no son sino productos de segunda generación de creaciones del derecho común romano-europeo. Y si otras no están desarrolladas -como ocurre con las instituciones fiduciarias- ello trae causa de un empecinamiento judicial o doctrinario causado por la falta de verdadero empeño en sacar las cosas adelante, acomodándonos al non liquet si no podemos limitarnos a tomar prestado lo ajeno. Más aún, importaciones masivas de instituciones contractuales -como las armazones negociales de los SPA- demuestran no ser siempre las más apropiadas, a poco que la operación falle y el comprador dispare el conflicto. Se dice a veces que el derecho español de garantías reales -como derecho local de aplicación necesaria- es inservible para los negocios. Pero de nuevo la práctica desmiente esta acusación, y ningún proyecto de peso ha dejado de llevarse a cabo en España a causa de la supuesta ineficacia de nuestro muestrario de garantías reales.

Todo se podría excusar apelando a la comodidad de la solución que ya funciona en el contexto. Pero para el jurista español esto sería un error. Primero, porque el Brexit nos va a obligar a interiorizar que las operaciones con ley inglesa pueden ya no ser interesantes para el cliente. Segundo, porque si seguimos operando de esta forma, nuestro trabajo corre el riesgo de comoditizarse hasta llegar a hacerse plenamente prescindible.

No sólo es un tema de gestión dentro de nuestras fronteras. El sector legal español está perdiendo una oportunidad única para acompañar a nuestras empresas en su proceso de internacionalización. Las entidades financieras españolas están entre las primeras del mundo. También lo están nuestras empresas de construcción, servicios, comunicación, energía, etcétera. Todas ellas con proyectos de envergadura en todo el mundo. Hoy en día la abogacía de negocios en España está en absoluta primera línea de la abogacía mundial y cuenta con un nivel de sofisticación equiparable a la de cualquier otra jurisdicción. No estaría de más que la estrategia gubernamental para la internacionalización de la economía española y los planes bienales que la desarrollan tuviesen en cuenta el papel que puede tener el derecho en su doble aspecto de instrumento de seguridad jurídica que acompañe a la empresa y como sector en sí mismo a dinamizar. Porque el derecho es autoproductor de negocio. El derecho español produciría negocio español.

Y en esta aventura no tenemos que contar con el hándicap de una posición de rechazo que nos sea impuesta desde fuera. En el barómetro de la imagen de España publicado últimamente por el Instituto Elcano se desprende con claridad la buena imagen que de nosotros se tiene entre los países de nuestro entorno (en la última oleada en la valoración que nos hace un grupo relevante de países, se nos sitúa con la misma puntuación que Alemania, valorando todo un abanico de factores sociales, culturales, políticos, etcétera.). Reconozcamos que el problema está en nosotros, que también interiorizamos los costes de este problema.

A buen seguro hay cosas que mejorar para dotar de una verdadera proyección internacional a nuestro derecho. Mejoras en el tratamiento fiscal de algunas figuras, inversión en la especialización y en la dotación de medios a los juzgados y tribunales, simplificación de algunos procedimientos, tratados de reconocimiento recíproco, etcétera. Para ello, paciencia y buena voluntad, y un poco de visitar mundo (jurídico), para que se nos caiga el velo que nos impide ver cómo funcionan realmente las cosas por ahí, donde, cómo no, también hay mucho bueno que imitar.

Fuente: http://www.expansion.com/

 

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